Tegucigalpa, Honduras.
Dentro del paquete de reformas penales que envió el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, la ley que más cambios sufrirá es la del Sistema Nacional Penitenciario.
El documento que está siendo analizado en la Corte Suprema de Justicia formula 36 reformas a esta Ley que, según expertos, por primera vez en la historia de Honduras se comenzará a respetar los derechos humanos de los privados de libertad.
“Son políticas de seguridad del Estado que se encaminan a fortalecer el sistema penitenciario. Por primera vez el Estado de Honduras va a cumplir con las reglas mínimas que establece el sistema de las Naciones Unidas”, manifestó Orle Solís, comisionado presidente del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura otros Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes (MNP-Conaprev).
Entre una de las reformas de mayor importancia está la autonomía que se le decretará al Instituto Nacional Penitenciario (INP). “Será una
institución de seguridad del Estado, autónoma, con personalidad jurídica, independencia técnica presupuestaria, administrativa y autodeterminación normativa”, indican en el decreto.
En la actualidad, el INP es parte de la Secretaría de Derechos Humanos y es hasta en los últimos años se ha comenzado a restaurar el sistema que inició con la construcción de nuevos centros penitenciarios.
Más cambios
El INP contará con 16 dependiencias y su director tendrá que ser mayor de 30 años y con grado universitario. “Es urgente que se lleven a cabo las reformas porque el INP está adscrito a una Secretaría de Estado. Se pretende que sea una institución autónoma porque es un tema de seguridad, ya no puede depender de un consejo, como es en la actualidad”, indicó el delegado nacional de centros penales, German Mcneil.
El funcionario expresó que las reformas son necesarias por el avance de la criminalidad, aunque en algunos centros penitenciarios ya se han hecho los cambios. El paquete de reformas también agrega que las visitas conyugales de los privados de libertad se mantendrán y las visitas de sus familiares también, con excepción del sistema de máxima seguridad que tiene un régimen diferente.
También se señala que a 500 metros a la redonda de los centros las propiedades deber ser del Estado, caso contrario serán expropiadas.
Los reos también serán clasificados.
Dentro del paquete de reformas penales que envió el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, la ley que más cambios sufrirá es la del Sistema Nacional Penitenciario.
El documento que está siendo analizado en la Corte Suprema de Justicia formula 36 reformas a esta Ley que, según expertos, por primera vez en la historia de Honduras se comenzará a respetar los derechos humanos de los privados de libertad.
“Son políticas de seguridad del Estado que se encaminan a fortalecer el sistema penitenciario. Por primera vez el Estado de Honduras va a cumplir con las reglas mínimas que establece el sistema de las Naciones Unidas”, manifestó Orle Solís, comisionado presidente del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura otros Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes (MNP-Conaprev).
| Rehabilitación
De manera obligatoria cada centro penitenciario tendrá maestros, sicólogos, trabajadores sociales e instructores técnicos.
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En la actualidad, el INP es parte de la Secretaría de Derechos Humanos y es hasta en los últimos años se ha comenzado a restaurar el sistema que inició con la construcción de nuevos centros penitenciarios.
Más cambios
El INP contará con 16 dependiencias y su director tendrá que ser mayor de 30 años y con grado universitario. “Es urgente que se lleven a cabo las reformas porque el INP está adscrito a una Secretaría de Estado. Se pretende que sea una institución autónoma porque es un tema de seguridad, ya no puede depender de un consejo, como es en la actualidad”, indicó el delegado nacional de centros penales, German Mcneil.
El funcionario expresó que las reformas son necesarias por el avance de la criminalidad, aunque en algunos centros penitenciarios ya se han hecho los cambios. El paquete de reformas también agrega que las visitas conyugales de los privados de libertad se mantendrán y las visitas de sus familiares también, con excepción del sistema de máxima seguridad que tiene un régimen diferente.
También se señala que a 500 metros a la redonda de los centros las propiedades deber ser del Estado, caso contrario serán expropiadas.
Los reos también serán clasificados.
