Tegucigalpa, Honduras.
El paquete de reformas que el Poder Ejecutivo preparó debido al incremento del delito de extorsión y previsión ante el terrorismo en Honduras ya fue recibido en el Congreso Nacional y resalta penas de hasta 50 años para los terroristas.
Son ocho leyes las que el Congreso deberá reformar, entre las que sobresale el Código Penal y el Procesal Penal, por lo que los congresistas pidieron opinión a la Corte Suprema de Justicia, la que se estará pronunciando pronto.
Las otras leyes a reformar son contra el Financiamiento del Terrorismo, Inteligencia Nacional, Limitación de Servicios de Telecomunicaciones en Centros Penitenciarios, Intervenciones de las Comunicaciones Privadas, Recompensas y la del Sistema Penitenciario Nacional.
“Ya el presidente del Congreso, Mauricio Oliva, nombró una comisión dictaminadora para este proyecto que fue remitido a la Corte para su opinión. Estaremos esperando esta opinión para comenzar a dictaminarla”, manifestó el presidente de la comisión de Seguridad del Legislativo, Tomás Zambrano.
El diputado aseguró que en los últimos años se ha intensificado el delito de extorsión en manos de sujetos activos miembros de pandillas, autoridades y crimen organizado, por lo que es de urgencia realizar las reformas para que los operadores de justicia tengan mejores instrumentos legales.
El decreto
La Ley para el Fortalecimiento y Efectividad de la Política de Seguridad, que conlleva una serie de reformas penales, requiere solo de mayoría simple en el Legislativo para ser aprobada (65 votos).
LA PRENSA conoció los detalles del proyecto de ley que calificará la extorsión desde que se produce la amenaza; además, se procesará a los delincuentes que por este método provoquen debilitamiento o cierre de una empresa.
Sobre el delito del terrorismo y su clasificación para los que lo cometan, incendiar o inundar un bien público o privado resultará caro para los sentenciados. En Honduras, la quema de autobuses, restaurantes, casetas de peaje, entre otros, se ha vuelto una práctica común sin que se castigue a los responsables.
“Las penas para terroristas van de 40 a 50 años más multas de 3,000 a 5,000 salarios mínimos”, se lee en el proyecto que clasifica a los terroristas en varios ámbitos.
“Cuando se lleve a cabo un acto que sea para intimidar a la población o cuando se obligue a un Gobierno a realizar o abstenerse de realizar cualquier acto serán considerados terroristas”, dice entre otras cosas el proyecto.
El paquete de reformas que el Poder Ejecutivo preparó debido al incremento del delito de extorsión y previsión ante el terrorismo en Honduras ya fue recibido en el Congreso Nacional y resalta penas de hasta 50 años para los terroristas.
Son ocho leyes las que el Congreso deberá reformar, entre las que sobresale el Código Penal y el Procesal Penal, por lo que los congresistas pidieron opinión a la Corte Suprema de Justicia, la que se estará pronunciando pronto.
Las otras leyes a reformar son contra el Financiamiento del Terrorismo, Inteligencia Nacional, Limitación de Servicios de Telecomunicaciones en Centros Penitenciarios, Intervenciones de las Comunicaciones Privadas, Recompensas y la del Sistema Penitenciario Nacional.
“Ya el presidente del Congreso, Mauricio Oliva, nombró una comisión dictaminadora para este proyecto que fue remitido a la Corte para su opinión. Estaremos esperando esta opinión para comenzar a dictaminarla”, manifestó el presidente de la comisión de Seguridad del Legislativo, Tomás Zambrano.
El diputado aseguró que en los últimos años se ha intensificado el delito de extorsión en manos de sujetos activos miembros de pandillas, autoridades y crimen organizado, por lo que es de urgencia realizar las reformas para que los operadores de justicia tengan mejores instrumentos legales.
El decreto
La Ley para el Fortalecimiento y Efectividad de la Política de Seguridad, que conlleva una serie de reformas penales, requiere solo de mayoría simple en el Legislativo para ser aprobada (65 votos).
LA PRENSA conoció los detalles del proyecto de ley que calificará la extorsión desde que se produce la amenaza; además, se procesará a los delincuentes que por este método provoquen debilitamiento o cierre de una empresa.
Sobre el delito del terrorismo y su clasificación para los que lo cometan, incendiar o inundar un bien público o privado resultará caro para los sentenciados. En Honduras, la quema de autobuses, restaurantes, casetas de peaje, entre otros, se ha vuelto una práctica común sin que se castigue a los responsables.
“Las penas para terroristas van de 40 a 50 años más multas de 3,000 a 5,000 salarios mínimos”, se lee en el proyecto que clasifica a los terroristas en varios ámbitos.
“Cuando se lleve a cabo un acto que sea para intimidar a la población o cuando se obligue a un Gobierno a realizar o abstenerse de realizar cualquier acto serán considerados terroristas”, dice entre otras cosas el proyecto.
