Washington, Estados Unidos
Honduras avanzó en la puesta en práctica de profundas reformas estructurales en el ámbito judicial y legislativo para combatir la corrupción y la impunidad y se espera que continúe en esa senda de cambios para fortalecer la institucionalidad involucrada en la lucha contra ese flagelo.
Así lo establece el primer informe semestral que la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) presentó ayer en Washington ante el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y los miembros del Consejo Permanente. “Es mucho lo que se ha logrado en estos seis meses en materia de preparar una plataforma jurídico-legal que facilite las investigaciones y el castigo a los culpables de delitos de corrupción. Hacia allá vamos ahora”, expuso Juan Jiménez Mayor, portavoz de la Maccih.
| Surgimiento
La Maccih se creó a solicitud del Gobierno y se rige por el convenio suscrito entre la OEA con el Estado de Honduras.
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La Maccih reconoció y saludó la apertura y el apoyo del Gobierno, así como del Congreso Nacional, el Poder Judicial y el Ministerio Público para consolidar una política anticorrupción en el país en consonancia con un modelo hondureño.
El documento de 38 páginas resalta que a través de la colaboración activa con las autoridades hondureñas, se preparó el terreno para la puesta en práctica de estas reformas y se propició la participación de la sociedad civil en la búsqueda de soluciones. Asimismo, se apoyó la investigación de hechos puntuales y emblemáticos de corrupción de especial relevancia para la sociedad, entre ellos, el desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
No obstante, aclaró que la Maccih no puede o no va a trabajar en todos los casos de corrupción del país.
Cabe indicar que en las investigaciones, la Maccih no suplantará a la institucionalidad hondureña, ya que los fiscales hondureños llevarán la acusación criminal y los jueces nacionales con jurisdicción especial se encargarán de emitir los fallos en los casos de corrupción.
En ese contexto, la Misión también aplaudió el veto presidencial a la reforma del artículo 184 del Código Procesal Penal que daba facultades a los jueces para otorgar medidas sustitutivas a la prisión para delitos de alto impacto.
Al mismo tiempo reconoció los avances en la depuración policial, la política de extraditar a narcotraficantes, atacar peligrosas organizaciones criminales y confiscar sus bienes.
Los avances
Entre otros aspectos, el documento destaca que Honduras aprobó la jurisdicción nacional anticorrupción para juzgar a los corruptos a través de un nuevo sistema de jueces independientes de ámbito nacional que tendrán seguridad, mejores sueldos y que no serán seleccionados por los partidos políticos, sino por un comité donde participa la Maccih, de modo que no recibirán directrices de nadie. También se aprobó la “Ley de Política Limpia”, que crea un modelo de avanzada para que los partidos y candidatos rindan cuentas de sus finanzas y que los narcos y otros criminales no puedan aportar a las campañas políticas.
Por otro lado, el informe prepondera que la Misión inició el trabajo de investigaciones del caso del Seguro Social, donde ya descubrió que existen 15 casos judicializados y 47 investigaciones pendientes que aún no llegaron al Poder Judicial, por ahora solo cuatro personas condenadas y 10 prófugas.
Además se logró que la Procuraduría General de la República de Honduras renuncie a la práctica de conciliar casos de corrupción, es decir, la vieja práctica de que el corrupto evita la investigación devolviendo lo robado, lo cual ha permitido rechazar a la fecha unas 38 conciliaciones.
“Estos logros se deben al éxito del modelo de ‘colaboración activa’ con el Estado hondureño, un modelo pionero, en el que es clave que la Misión siga manteniendo su autonomía e independencia, pero siempre con la visión de mejorar en el mediano plazo la calidad de los servicios de justicia de Honduras”, agregó Jiménez Mayor. Por su parte, Arturo Corrales destacó que “el protagonismo” es de las instituciones y la sociedad hondureñas, al tiempo que agradeció el apoyo de la misión de la OEA.
“Se ha hecho mucho, pero ni por cerca lo suficiente. Pero vamos mucho más rápido de lo que todos anticiparon. Debido a la sed de justicia, hay que reconocer que algunos dicen que se debe acelerar el paso”, indicó el excanciller.
 Los miembros de la Misión posan con el secretario general de la OEA ayer en Washington.
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Parte de las recomendaciones formuladas por la Maccih
Continuidad
La Maccih considera que es conveniente para el país seguir en la senda de reformas que
fortalezcan la institucionalidad de combate a la corrupción y continúe la apertura del Gobierno
Caso del IHSS
Propone continuar trabajando con los equipos del Ministerio Público a cargo de los casos y que, además, puedan ser fortalecidos para atender las 47 líneas de investigación pendientes
Fortalecimiento
Recomienda fortalecer la carrera judicial y fiscal, así como aprobar mayores presupuestos para el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República
Transparencia
Fortalecer el papel de la sociedad civil y considerar la transparencia y acceso a la información pública como un elemento de apertura que debe consolidarse en el país
Protección a denunciantes
Es necesario implementar mecanismos de protección de denunciantes de casos de corrupción y establecer una adecuada proporcionalidad de los delitos de corrupción
