Tegucigalpa, Honduras.
Frente a la ingobernabilidad y la incapacidad del Estado de imponer el orden en los centros correccionales de menores del país, los responsables de esos establecimientos optaron por negociar en secreto un pacto de gobernabilidad con los principales líderes de la sanguinaria pandilla 18.
Este acuerdo, que no trascendió a la opinión pública por las repercusiones negativas que tendría para las instituciones encargadas de velar por la seguridad y la rehabilitación de los menores, se suscribió el 27 de marzo del año pasado y permitió por un breve período recobrar el orden en los cinco centros de rehabilitación, especialmente en Renaciendo y Los Cobras.
La unidad investigativa de Diario LA PRENSA tuvo acceso exclusivo al documento de apenas tres páginas en el que los líderes de la 18 estampan sus firmas y se comprometen a mejorar su agresiva conducta, poner fin a los motines e iniciar un proceso serio de rehabilitación a cambio que los reubiquen de nuevo en Renaciendo.
Este pacto surgió luego de los violentos amotinamientos suscitados a finales de 2014 y principios del año pasado en Renaciendo y fue facilitado por el ciudadano de origen alemán Michael Hartmann, coordinador de “American Red Point Asociation (Arpa de Honduras) un organismo no gubernamental que en ese momento estaba a cargo de las cinco correccionales (Jalteva, El Carmen, Renaciendo, Sagrado Corazón y Cobras).
En el documento, rubricado por 53 líderes y miembros de la mara 18, trasladados al centro Hogar Cobras en la colonia 21 de octubre, estos dejan clara su disposición de cambiar su conducta; pero bajo el compromiso que mejoren las precarias condiciones que
viven en ese improvisado centro de reclusión.
Ahí, los jóvenes infractores denuncian las duras circunstancias de su encierro en celdas de metal de reducido tamaño, sin ventilación y expuestas a extremas temperaturas en las temporadas de verano e invierno.
“Nuestra mayor incomodidad es que en este lugar no contamos con un espacio que pueda ser utilizado como aula de clases. El año escolar inició desde el 1 de febrero y nosotros a esta fecha todavía no lo iniciamos, sin mencionar también que no estamos recibiendo ningún tipo de capacitación y talleres para nuestra formación futura”, señalan.
Las negociaciones para alcanzar este acuerdo duraron varias semanas y, según diversas fuentes consultadas por LA PRENSA, contó con el aval de los líderes nacionales de la pandilla 18 recluidos en la Penitenciaria Nacional de Támara y el Centro Penal de San Pedro Sula.
Sin embargo, el acuerdo fracasó meses después porque el Gobierno emitió un nuevo decreto de emergencia y determinó cancelar los contratos que la Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf) había suscrito con Arpa de Honduras en diciembre de 2014 para hacerse cargo de los centros de rehabilitación y reinserción a nivel nacional.
Contactado por LA PRENSA con motivo de este reportaje, Michael Hartmann confirmó que este pacto se firmó para lograr la gobernabilidad de los centros en vista que la situación era caótica.
Recordó que Arpa asumió la administración y conducción de los centros a finales de 2014 y principios de 2015 y se encontraron con una situación verdaderamente dramática, con instalaciones en ruinas, sin una adecuada seguridad y una pésima alimentación de los internos.
De hecho, recordó que para ganarse la confianza de los internos tuvo que comprarles comidas rápidas y así ellos le permitieron ingresar para conocer su situación.
Del pacto, que se firmó días después,manifestó que “ellos firmaron porque les hice conciencia y yo por ser extranjero confiaron en mi palabra. Eso fue el 27 de marzo de 2015”, tras agregar que “yo les cumplí a esos muchachos siempre y con el pacto hubo paz y colaboración de parte de ellos”.
Lamentó que días después sin mayores explicaciones y sin aviso, la gente del Dinaf le comunicó que Arpa ya no seguiría al frente de los centros. “A partir del 29 de marzo, fecha en que nos suspendieron, ellos (los internos) volvieron a su comportamiento agresivo y no tuve la oportunidad ni de despedirme”.
Autogobierno
Uno de los exdirectores de ese centro que pidió que no se le identificara por motivos de seguridad declaró que en Renaciendo había y ha habido un autogobierno impuesto por la pandilla 18. En ese sentido, este acuerdo vino a fortalecer el autogobierno que venía imponiendo esa pandilla.
“La autoridad no ha sido capaz de poder dirigir y orientar, ha habido autogobiernos”, dijo. Para el caso, en Renaciendo y El Carmen, las llaves de las puertas que dan acceso a los módulos donde están los dormitorios obran en poder de los niños y no en el de las autoridades.
El año 2015 representó uno de los puntos más críticos en la historia de los centros, señala el estudio situacional de la niñez infractora.
Particularmente, en Renaciendo se presentaron incendios provocados, evasiones masivas, asesinatos, instalaciones destruidas, adolescentes a la intemperie, personal intimidado, inexistentes procesos de rehabilitación, las llaves de puertas de acceso en manos de adolescentes vinculados a grupos criminales.
“En definitiva, una anarquía, en la que el Estado, evidenció su incapacidad para solucionar la problemática descrita”.
Frente a la ingobernabilidad y la incapacidad del Estado de imponer el orden en los centros correccionales de menores del país, los responsables de esos establecimientos optaron por negociar en secreto un pacto de gobernabilidad con los principales líderes de la sanguinaria pandilla 18.
Este acuerdo, que no trascendió a la opinión pública por las repercusiones negativas que tendría para las instituciones encargadas de velar por la seguridad y la rehabilitación de los menores, se suscribió el 27 de marzo del año pasado y permitió por un breve período recobrar el orden en los cinco centros de rehabilitación, especialmente en Renaciendo y Los Cobras.
La unidad investigativa de Diario LA PRENSA tuvo acceso exclusivo al documento de apenas tres páginas en el que los líderes de la 18 estampan sus firmas y se comprometen a mejorar su agresiva conducta, poner fin a los motines e iniciar un proceso serio de rehabilitación a cambio que los reubiquen de nuevo en Renaciendo.
Este pacto surgió luego de los violentos amotinamientos suscitados a finales de 2014 y principios del año pasado en Renaciendo y fue facilitado por el ciudadano de origen alemán Michael Hartmann, coordinador de “American Red Point Asociation (Arpa de Honduras) un organismo no gubernamental que en ese momento estaba a cargo de las cinco correccionales (Jalteva, El Carmen, Renaciendo, Sagrado Corazón y Cobras).
 Los jóvenes no cuentan con medicinas, hay malos servicios básicos, alimentación deficiente, y muchos duermen en el piso.
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Ahí, los jóvenes infractores denuncian las duras circunstancias de su encierro en celdas de metal de reducido tamaño, sin ventilación y expuestas a extremas temperaturas en las temporadas de verano e invierno.
“Nuestra mayor incomodidad es que en este lugar no contamos con un espacio que pueda ser utilizado como aula de clases. El año escolar inició desde el 1 de febrero y nosotros a esta fecha todavía no lo iniciamos, sin mencionar también que no estamos recibiendo ningún tipo de capacitación y talleres para nuestra formación futura”, señalan.
Las negociaciones para alcanzar este acuerdo duraron varias semanas y, según diversas fuentes consultadas por LA PRENSA, contó con el aval de los líderes nacionales de la pandilla 18 recluidos en la Penitenciaria Nacional de Támara y el Centro Penal de San Pedro Sula.
| Los talleres e instalaciones educativas y recreativas se encuentran en ruinas y no permiten la rehabilitación ni reinserción.
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Contactado por LA PRENSA con motivo de este reportaje, Michael Hartmann confirmó que este pacto se firmó para lograr la gobernabilidad de los centros en vista que la situación era caótica.
Recordó que Arpa asumió la administración y conducción de los centros a finales de 2014 y principios de 2015 y se encontraron con una situación verdaderamente dramática, con instalaciones en ruinas, sin una adecuada seguridad y una pésima alimentación de los internos.
De hecho, recordó que para ganarse la confianza de los internos tuvo que comprarles comidas rápidas y así ellos le permitieron ingresar para conocer su situación.
Del pacto, que se firmó días después,manifestó que “ellos firmaron porque les hice conciencia y yo por ser extranjero confiaron en mi palabra. Eso fue el 27 de marzo de 2015”, tras agregar que “yo les cumplí a esos muchachos siempre y con el pacto hubo paz y colaboración de parte de ellos”.
Lamentó que días después sin mayores explicaciones y sin aviso, la gente del Dinaf le comunicó que Arpa ya no seguiría al frente de los centros. “A partir del 29 de marzo, fecha en que nos suspendieron, ellos (los internos) volvieron a su comportamiento agresivo y no tuve la oportunidad ni de despedirme”.
 No hay protocolos de seguridad. En ciertos lugares hay acceso a llamadas. Persiste un autogobierno de los internos.
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Uno de los exdirectores de ese centro que pidió que no se le identificara por motivos de seguridad declaró que en Renaciendo había y ha habido un autogobierno impuesto por la pandilla 18. En ese sentido, este acuerdo vino a fortalecer el autogobierno que venía imponiendo esa pandilla.
“La autoridad no ha sido capaz de poder dirigir y orientar, ha habido autogobiernos”, dijo. Para el caso, en Renaciendo y El Carmen, las llaves de las puertas que dan acceso a los módulos donde están los dormitorios obran en poder de los niños y no en el de las autoridades.
El año 2015 representó uno de los puntos más críticos en la historia de los centros, señala el estudio situacional de la niñez infractora.
Particularmente, en Renaciendo se presentaron incendios provocados, evasiones masivas, asesinatos, instalaciones destruidas, adolescentes a la intemperie, personal intimidado, inexistentes procesos de rehabilitación, las llaves de puertas de acceso en manos de adolescentes vinculados a grupos criminales.
“En definitiva, una anarquía, en la que el Estado, evidenció su incapacidad para solucionar la problemática descrita”.
 La Unidad de Investigación de Diario LA PRENSA tuvo acceso al documento oficial suscrito por los principales líderes de la mara 18. Ahí exponen sus condiciones de encierro y proponen enmendar su conducta. Las firmas fueron estampadas por 53 peligrosos pandilleros de la 18 detenidos en el centro de Los Cobras.
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