Tegucigalpa, Honduras.
El extravío del expediente sobre la muerte de la ambientalista Berta Cáceres, las extradiciones, la mora judicial y el presupuesto de la Corte Suprema de Justicia, son algunos de los temas que el presidente de este Poder del Estado, Rolando Argueta, conversó en exclusiva con LA PRENSA. El funcionario judicial apenas cumplirá ocho meses de gestión, de la que asegura falta mucho por hacer.
El extravío del expediente sobre la muerte de la ambientalista Berta Cáceres, las extradiciones, la mora judicial y el presupuesto de la Corte Suprema de Justicia, son algunos de los temas que el presidente de este Poder del Estado, Rolando Argueta, conversó en exclusiva con LA PRENSA. El funcionario judicial apenas cumplirá ocho meses de gestión, de la que asegura falta mucho por hacer.
¿Ya tiene más indicios de lo que pasó con el extravío del expediente del asesinato de Berta Cáceres?
He conversado en reiteradas ocasiones con la magistrada María Luisa Ramos. Le indagué sobre cómo ocurrieron los hechos y me hizo una descripción, la cual le creo completamente y podría inferir de manera preliminar que lo ocurrido fue con el único propósito de robarle el vehículo.
¿Cómo se supo que en ese vehículo iba ese expediente?
Los delincuentes ni siquiera tenían conocimiento que en el auto iba un documento tan importante. Pero ya será la Atic que lo determine. No tengo conocimiento cuál fue el origen de la fuente que lo dio a conocer.
¿La magistrada le manifestó que en el carro robado iba el expediente?
Sí, me dijo que lo llevaba para estudiarlo y redactar la sentencia en su casa aprovechando las horas libres.
¿Le abrieron expediente a la magistrada?
Sí, es una obligación del Poder Judicial. El extravío de cualquier expediente, no solo de un caso emblemático, en cualquier caso provoca la investigación de inmediato.
¿Por qué se mencionó que el expediente extraviado era el único?
Nosotros teníamos una copia certificada adicional en el Juzgado de Jurisdicción Nacional. De hecho, ninguna de las partes ni los observadores interpusieron queja alguna de la copia. Todo se corroboró, está en orden y continúa su curso.
¿Por qué la tensión tras el expediente extraviado?
Esta clase de información no es pública, recordemos que hay información delicada que resguardar. Existen declaraciones testificales y elementos probatorios que la ley ordena reservar.
¿Falta mucho por investigar en el caso de Berta Cáceres?
Entiendo que falta capturar a una persona que está prófuga de la justicia. Será la propia Fiscalía la que pueda tener más información.
¿Cómo va el proceso de los juzgados en materia penal y de corrupción?
Avanzando. Ambos comités de selección están cumpliendo con el cronograma. Ya concluyó la etapa de entrega de documentos para los aspirantes en materia de extorsión y el 10 de octubre para corrupción. Ahora viene la verificación y pruebas.
¿Van a abrir más oficinas de antecedentes penales?
Sí, ya hemos abierto cuatro en estos siete meses de gestión: Gracias, La Esperanza, Ocotepeque y Santa Bárbara. Ya están listas para abrirse la de Nacaome y Marcala. Continuaremos en Yoro, Roatán y Puerto Lempira.
¿Con cuánto presupuesto opera el Poder Judicial?
El Congreso Nacional aprobó un presupuesto de 1,906 millones de lempiras para el Poder Judicial en 2015. Al llegar acá, para 2016 se obtuvo una ampliación de 240 millones, se nos concedieron 216.
¿En qué trabajan con esa ampliación?
En poner a funcionar los juzgados en materia de extorsión y corrupción, en la instalación de nuevas salas de tribunales de sentencia, específicamente una más en Tegucigalpa, San Pedro Sula y Comayagua.
¿Hay o no Consejo de la Judicatura?
El pleno de la Corte nombró en julio pasado a dos magistradas para que coordinen la redacción del anteproyecto de ley del nuevo Consejo de la Judicatura. Dos magistrados más están trabajando en el de la nueva ley orgánica del Poder Judicial. Mientras tanto, desde la presidencia manejamos el nombramiento de jueces y magistrados.
¿Qué méritos está tomando en cuenta?
Que sean consecuencia de un proceso de selección y que antes de ser nombrados sean sometidos a las pruebas de conocimientos y confianza.
¿Por qué el exfuncionario judicial Teodoro Bonilla tiene arresto domiciliario y una jueza que padece cáncer está en prisión?
Habría que indagar en cada uno de esos procesos para entender las medidas dictadas. Si bien aparentan por los mismos hechos fácticos, la imputación no ha sido la misma consecuencia. El Ministerio Público podría verificar cuál sería la posición a adoptar en torno a la posterioridad de la jueza Liz María Núñez.
¿Cómo va el proceso de extradición de la familia Montes Bobadilla?
Fuimos receptores de cuatro solicitudes de extradición por parte del Gobierno de Estados Unidos. En tres de ellas se incluían peticiones para una persona y en la otra solicitud para seis o siete miembros de esta familia.
¿Cuántas solicitudes están pendientes?
Pendientes de asignación de juez natural, ninguna. Pendientes de ejecutar porque no ha sido encontrado el solicitado, sí hay. Es una tarea que compete a la Secretaría de Seguridad.
¿Cómo va el proyecto para bajar la mora judicial?
Hace tres semanas se firmó una resolución para erradicar la mora judicial. Queremos dar esa satisfacción y es hasta el 20 de octubre que una comisión entregará el plan.
¿Le afecta a la Corte la polarización de la sociedad?
Somos un poder independiente, complementario con los otros poderes. Somos apolíticos.
