Washington, Estados Unidos
Steven Donziger, un abogado de Nueva York, trabajó casi dos décadas para conseguir uno de los mayores veredictos medioambientales de la historia: un fallo de US$19.000 millones contra Chevron Corp. por polución derivada de la exploración petrolera en un lugar remoto del Amazonas ecuatoriano.
Ahora Donziger está batallando para salvar su reputación, al igual que su ganancia en la multa, en una pelea legal contra el gigante petrolero estadounidense que asegura que el fallo de 2011 en Ecuador se obtuvo de manera fraudulenta.
Desde hoy, Donziger se enfrentará a los abogados de Chevron en un tribunal federal de Estados Unidos, donde se adelanta un juicio en el que se le acusa de asociación delictiva y fraude.
Chevron, que heredó el problema cuando compró Texaco Inc. en 2001, ha negado las acusaciones de daños al medio ambiente y asegura que la empresa está siendo extorsionada por los abogados de los demandantes b y otros que buscan beneficiarse económicamente.
El juicio en Nueva York es central en una batalla que ha transcendido fronteras, generado montañas de documentos judiciales y comunicados de prensa combativos, y ha puesto al descubierto tácticas tras bambalinas que según Chevron sobrepasaron los límites de una defensa enérgica.
En concreto, Chevron acusa a Donziger y otros que trabajan en el caso de Ecuador de fabricar evidencia, sobornar a funcionarios judiciales y redactar de forma encubierta partes del fallo.
Donziger, por su parte, dice que Chevron ha gastado millones en una campaña global para denigrarlo y evadir los pagos del fallo a pesar de lo que califica como evidencia clara de daños medioambientales derivados de las operaciones de exploración petrolera desde los años 60 hasta principios de los 90.
“No tengo que disculparme por nada de lo que hice”, apuntó en una entrevista antes del juicio Donziger, quien se graduó de la Universidad de Harvard y trabajó como defensor público. “Creo que ellos [Chevron] han tomado lo que son, en el mejor de los casos, errores de juicio y han intentado darles la apariencia de actividad delictiva. Y no sucedió así”.
Donziger, amante de la retórica que sus opositores han empleado para su provecho, vive en Manhattan con su esposa e hijo. El abogado dice que el caso de asociación delictiva ha sido difícil para su familia. “Es como tirar un dispositivo termonuclear en la vida de alguien”, asegura y califica las acusaciones en su contra como una táctica de distracción. “Ganamos este caso”, afirmó el abogado, que tiene la intención de declarar en su propio juicio. “En
este momento se trata de cobrar por un juicio válido que se rehúsan a pagar”.
Según documentos judiciales, Donziger recibiría unos US$1.000 millones si el fallo ecuatoriano es ratificado. El abogado declinó hablar sobre su porción pero afirmó que los honorarios de contingencia serían “mucho menores de lo acostumbrado en EE.UU.”. El litigio en Ecuador ha consumido la mayor parte de la carrera legal de Donziger, quien a lo largo de los años se ha desempeñado como vocero, estratega legal e intermediario entre abogados ecuatorianos y las diferentes firmas legales y financieras que han financiado el caso.
La demanda de Chevron mantiene que Donziger y otros abogados del grupo conocido como los demandantes de Lago Agrio —por el campo petrolero en el Amazonas donde la demanda fue presentada— conspiraron con consultores medioambientalistas y grupos activistas para extorsionar dinero de la petrolera.
Chevron, que también ha contrademandado a algunos de los demandantes ecuatorianos por fraude, espera obtener una orden judicial que impida que se beneficien de sus presuntas prácticas indebidas.
Randy Mastro, un socio en Gibson Dunn & Crutcher LLP que representa a Chevron, indicó que la empresa fue elegida como blanco por sus recursos financieros y con la idea de presionarla e intimidarla para que les pagara al crear una “narración falsa en un tribunal extranjero susceptible a corrupción”. Chevron señala que la empresa
no es responsable por el daño ambiental en la región, y que Texaco había cumplido con los requisitos de
limpieza bajo los acuerdos firmados en los años 90, después de retirarse de un consorcio de exploración petrolera
con Petroecuador, la empresa petrolera estatal.
Si Chevron prevalece, podría obtener una palanca útil en cortes extranjeras a medida que busca prevenir que los demandantes hagan efectivo el fallo de US$19.000 millones en otros países donde la empresa opera, señaló Georgene M. Vairo, una profesora en la escuela de derecho Loyola, en Los Ángeles.
La empresa también ha solicitado que un tribunal de arbitraje internacional en La Haya dictamine que
Ecuador, y no Chevron, es responsable de cualquier daño medioambiental.
El mes pasado, dicha corte emitió un fallo parcial diciendo que Chevron está exento de reclamos de daños colectivos medioambientales en Ecuador.
Nathalie Cely, embajadora de Ecuador en EE.UU., dijo que Texaco era responsable de “mantener el bienestar ambiental” de los sitios de Lago Agrio de 1964 a 1990, y que el reciente fallo del tribunal “reafirmó” que Chevron no estaba libre de “responsabilidad ante ciudadanos privados que han presentado reclamos con respecto a sus propios derechos individuales”.
Para socavar el veredicto de Ecuador, los abogados de Chevron en Gibson Dunn están intentando desacreditar al equipo de abogados, consultores y grupos de activistas que representaron a los demandantes de Lago Agrio.
