San Pedro Sula, Honduras.
Multas desde uno a diez mil salarios mínimos les esperan a quienes especulen con los precios del pollo, huevo, carne y otros productos de consumo popular, confirmó Alden Rivera, ministro de la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE).
El funcionario se reunió ayer con su gabinete sectorial a puerta cerrada en la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), pero en una breve comparecencia a los medios de comunicación reveló que no hay riesgo de escasez de estos productos. “Puedo asegurarles que no habrá escasez. Haremos lo posible para evitar que esto no sea producto de una situación de acaparamiento provocado por especuladores e intermediarios”, agregó.
Rivera añadió que el Gobierno de la República ha girado instrucciones claras a la SDE para sancionar a los que realicen esas prácticas, que van en contra de la Ley de Protección al Consumidor.
“La SDE tiene instrucciones precisas para acabar con todos aquellos que se consideren una amenaza con base en los intereses de los más pobres”, refirió.
Esta dependencia estatal confirmó la semana pasada que al menos 86 comercios a nivel nacional ya han sido sancionados y las inspecciones continuarán en los establecimientos, bodegas y productoras de estos alimentos de consumo popular.
Multas desde uno a diez mil salarios mínimos les esperan a quienes especulen con los precios del pollo, huevo, carne y otros productos de consumo popular, confirmó Alden Rivera, ministro de la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE).
El funcionario se reunió ayer con su gabinete sectorial a puerta cerrada en la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), pero en una breve comparecencia a los medios de comunicación reveló que no hay riesgo de escasez de estos productos. “Puedo asegurarles que no habrá escasez. Haremos lo posible para evitar que esto no sea producto de una situación de acaparamiento provocado por especuladores e intermediarios”, agregó.
Rivera añadió que el Gobierno de la República ha girado instrucciones claras a la SDE para sancionar a los que realicen esas prácticas, que van en contra de la Ley de Protección al Consumidor.
“La SDE tiene instrucciones precisas para acabar con todos aquellos que se consideren una amenaza con base en los intereses de los más pobres”, refirió.
Esta dependencia estatal confirmó la semana pasada que al menos 86 comercios a nivel nacional ya han sido sancionados y las inspecciones continuarán en los establecimientos, bodegas y productoras de estos alimentos de consumo popular.
