San Pedro Sula, Honduras.
Aunque han pasado casi tres meses desde que el presidente Juan Orlando Hernández anunciara la puesta en marcha de un programa social que contempla L6,000 millones para financiamiento de viviendas a familias de bajos ingresos, todavía queda por definir cuál será el producto principal.
El seguimiento de la medida tomó forma cuando el mandatario confirmó, el pasado 28 de agosto que negociaban con la banca privada para acordar porcentajes aceptables de intermediación en las tasas de interés a través del proyecto Mi vivienda, mi pensión.
“ Personas que pagan L2,500 o L2,800 en cuarterías o en lugares difíciles de vivir ahora van a poder tener su casa”, expresó Hernández en ese momento.
A la fecha, el Gobierno de Honduras, mediante el Consejo Nacional de la Vivienda (Convivienda), define los procedimientos de cómo va a funcionar el programa de vivienda social masiva.
En las negociaciones también participan representantes de la Cámara Hondureña de la Construcción (Chico), el Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Sanaa), la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (Ahiba).
Estos últimos todavía no acuerdan con el sector gubernamental si aprueban letras entre L2,500 a L3,000 mensuales.
“No queremos crear una expectativa en la gente. Estamos trabajando para ver si logramos un acuerdo con la banca entera y así lanzaríamos el producto”, refiere Felícito Ávila, integrante de Convivienda.
Definiendo productos
Una parte del monto del fideicomiso estaría destinado para el programa introducido por el Presidente de la República, pero según Ávila todavía se está acomodando para que sea una realidad factible con la banca privada y los desarrolladores.
“Ese uno de los productos que él (Hernández) más quiere que se lance y los estamos trabajando. Yo creo que no nos tardamos más que un par de semanas para que eso esté listo”, expresa Ávila.
Otros componentes de los financiamientos se clasifican en sondeo, garantía y subsidio.
El primero establecido para segmentos de la población que devenguen menos de dos salarios mínimos al mes y pretendan adquirir su propia casa.
En el caso de las garantías, están contempladas en la Ley del Sistema de Fondos de Garantía Recíproca para la promoción de las mipymes, vivienda social y educación técnica.
Conforme al tema, el reglamento define las garantías para vivienda social como las otorgadas a personas naturales registradas como socios beneficiarios, cuyo ingreso familiar esté enmarcado en los parámetros establecidos en las leyes.
Sin haberse definido el porcentaje correspondiente a cada parte de los fondos, Roberto Carlos Salinas, integrante de la CNBS, anticipa que el proyecto permitirá un trabajo integral de vivienda y construcción “al mismo tiempo”.
Repunte para la construcción
De acuerdo con Silvio Larios, gerente general de la Chico, las gestiones que el Gobierno realiza en conjunto con otros sectores de la sociedad busca favorecer a un sector que ha estado abandonado por casi tres décadas. “La banca siempre los ha visto como un riesgo”, agrega.
En ese sentido, Larios explica que no lograrían implementarse las propuestas sin en al apoyo de la banca privada nacional. “La idea es que si la banca va a entrar, el riesgo será más calculado. Allí es donde entra la figura de las sociedades de confianza, que va ayudar a asegurar los préstamos para que la banca pueda participar”, refiere.
A criterio del representante de la construcción privada en Honduras, una vez resuelto el problema financiero, aún quedaría pendiente discutir temáticas como la seguridad jurídica de las tierras, el suministro de los servicios básicos como energía eléctrica, agua potable, aguas negras y las vías o accesos de comunicación.
“No queremos otra Ciudad Mateo, ni otra Ciudad del Ángel”, enfatiza en relación a los proyectos fracasados de vivienda que se ejecutaron en la capital y fueron declarados inhabitables en marzo y julio del presente año, respectivamente.
Se calcula que una vez concretado el proyecto generará 80 mil empleos directos y 400 mil empleos indirectos al año para el rubro de la construcción actualmente en retroceso.
Aunque han pasado casi tres meses desde que el presidente Juan Orlando Hernández anunciara la puesta en marcha de un programa social que contempla L6,000 millones para financiamiento de viviendas a familias de bajos ingresos, todavía queda por definir cuál será el producto principal.
El seguimiento de la medida tomó forma cuando el mandatario confirmó, el pasado 28 de agosto que negociaban con la banca privada para acordar porcentajes aceptables de intermediación en las tasas de interés a través del proyecto Mi vivienda, mi pensión.
“ Personas que pagan L2,500 o L2,800 en cuarterías o en lugares difíciles de vivir ahora van a poder tener su casa”, expresó Hernández en ese momento.
A la fecha, el Gobierno de Honduras, mediante el Consejo Nacional de la Vivienda (Convivienda), define los procedimientos de cómo va a funcionar el programa de vivienda social masiva.
En las negociaciones también participan representantes de la Cámara Hondureña de la Construcción (Chico), el Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Sanaa), la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (Ahiba).
Estos últimos todavía no acuerdan con el sector gubernamental si aprueban letras entre L2,500 a L3,000 mensuales.
“No queremos crear una expectativa en la gente. Estamos trabajando para ver si logramos un acuerdo con la banca entera y así lanzaríamos el producto”, refiere Felícito Ávila, integrante de Convivienda.
Definiendo productos
Una parte del monto del fideicomiso estaría destinado para el programa introducido por el Presidente de la República, pero según Ávila todavía se está acomodando para que sea una realidad factible con la banca privada y los desarrolladores.
“Ese uno de los productos que él (Hernández) más quiere que se lance y los estamos trabajando. Yo creo que no nos tardamos más que un par de semanas para que eso esté listo”, expresa Ávila.
Otros componentes de los financiamientos se clasifican en sondeo, garantía y subsidio.
El primero establecido para segmentos de la población que devenguen menos de dos salarios mínimos al mes y pretendan adquirir su propia casa.
En el caso de las garantías, están contempladas en la Ley del Sistema de Fondos de Garantía Recíproca para la promoción de las mipymes, vivienda social y educación técnica.
Conforme al tema, el reglamento define las garantías para vivienda social como las otorgadas a personas naturales registradas como socios beneficiarios, cuyo ingreso familiar esté enmarcado en los parámetros establecidos en las leyes.
Sin haberse definido el porcentaje correspondiente a cada parte de los fondos, Roberto Carlos Salinas, integrante de la CNBS, anticipa que el proyecto permitirá un trabajo integral de vivienda y construcción “al mismo tiempo”.
Repunte para la construcción
De acuerdo con Silvio Larios, gerente general de la Chico, las gestiones que el Gobierno realiza en conjunto con otros sectores de la sociedad busca favorecer a un sector que ha estado abandonado por casi tres décadas. “La banca siempre los ha visto como un riesgo”, agrega.
En ese sentido, Larios explica que no lograrían implementarse las propuestas sin en al apoyo de la banca privada nacional. “La idea es que si la banca va a entrar, el riesgo será más calculado. Allí es donde entra la figura de las sociedades de confianza, que va ayudar a asegurar los préstamos para que la banca pueda participar”, refiere.
A criterio del representante de la construcción privada en Honduras, una vez resuelto el problema financiero, aún quedaría pendiente discutir temáticas como la seguridad jurídica de las tierras, el suministro de los servicios básicos como energía eléctrica, agua potable, aguas negras y las vías o accesos de comunicación.
“No queremos otra Ciudad Mateo, ni otra Ciudad del Ángel”, enfatiza en relación a los proyectos fracasados de vivienda que se ejecutaron en la capital y fueron declarados inhabitables en marzo y julio del presente año, respectivamente.
Se calcula que una vez concretado el proyecto generará 80 mil empleos directos y 400 mil empleos indirectos al año para el rubro de la construcción actualmente en retroceso.
