Chilpancingo, México.
Una agitación que se extiende y una sensación de desorden se están convirtiendo en importantes desafíos políticos y económicos para el presidente Enrique Peña Nieto, mientras las autoridades del banco central afirman que lo que está sucediendo podría afectar el crecimiento económico del país, según las minutas del 31 de octubre que fueron difundidas el viernes.
Miles de manifestantes han salido a las calles y han causado disturbios en varias ciudades para protestar por la supuesta masacre de 43 estudiantes de magisterio del estado de Guerrero, quienes presuntamente habrían sido secuestrados por la policía y entregados a bandas del narcotráfico.
Peña Nieto también está bajo la lupa luego de que se conocieran informes según los cuales el título de propiedad de una mansión de la familia presidencial pertenece a una empresa cuyo dueño ha conseguido grandes contratos con el gobierno. La oficina del presidente ha negado que se hayan cometido irregularidades y señaló que la casa fue comprada por la primera dama, quien ha sido una exitosa actriz.
Pero las dos situaciones aparentemente dispares —la supuesta masacre de los estudiantes y la mansión— han sorprendido al presidente con la guardia baja, han dañado su imagen reformista y han planteado nuevas preguntas sobre con cuánta profundidad podrá transformar a la segunda economía latinoamericana y el tercer socio comercial de Estados Unidos.
“Esta es una crisis política y personal para el presidente”, afirmó el ex canciller Jorge Castañeda, autor de un libro sobre la presidencia mexicana.
El cambio de fortuna ha sido sorprendentemente rápido para Peña Nieto, cuyos 22 primeros meses en el poder estuvieron signados por una serie de éxitos, incluida la aprobación de varias reformas económicas que lo llevaron a la tapa de la revista estadounidense Time como el hombre que estaba “salvando a México”.
Las polémicas complican la agenda del presidente, y podrían retrasar la implementación de cambios clave como la apertura de la industria petrolera a la inversión privada y la reforma de la educación pública, que ya eran sumamente impopulares en estados empobrecidos como Guerrero, donde desaparecieron los estudiantes.
Los temores sobre la corrupción y el favoritismo en los contratos públicos también podrían retrasar los ambiciosos planes del país para atraer decenas de miles de millones de dólares para proyectos de petróleo e infraestructura, incluidas varias líneas ferroviarias de alta velocidad y un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México.
“La implementación (de sus planes) será desviada ahora, ya que tendrán que dedicarle mucho tiempo a lidiar con estas acusaciones”, sostuvo Jack Deino, un gestor senior de portafolio de Invesco Fixed Income, una firma con sede en Atlanta que administra unos US$2.000 millones en activos de mercados emergentes.
La economía de México aún es uno de los pocos puntos brillantes en los mercados emergentes, en momentos en que países como Brasil y Rusia, que dependen más de los precios de los commodities, tienen problemas por la caída de las materias primas. Cristine Lagarde, directora del FMI, señaló hace poco a México y a Peña Nieto como un ejemplo para otros países emergentes sobre los tipos de reformas necesarias para impulsar el crecimiento en el contexto de una economía mundial débil.
Peña Nieto ha sido criticado por la forma en que su gobierno manejó la crisis. Tardó 11 días en hacer declaraciones públicas luego de la desaparición inicial de los estudiantes. Su fiscal fue objeto de burlas tras decirles a periodistas que estaba “cansado” de las preguntas sobre la muerte de los jóvenes. Y el presidente, que aún no visitó el estado de Guerrero tras la masacre, pasó la última semana en Asia.
El banco central de México estima que la inseguridad le cuesta al país dos puntos porcentuales de crecimiento económico anual, el doble de lo que se prevé subirá por abrir la industria petrolera a la inversión extranjera. Mientras las tasas de homicidios relacionados con el narcotráfico han bajado durante el mandato de Peña Nieto, las tasas de extorsión y secuestros están en alza.
Una agitación que se extiende y una sensación de desorden se están convirtiendo en importantes desafíos políticos y económicos para el presidente Enrique Peña Nieto, mientras las autoridades del banco central afirman que lo que está sucediendo podría afectar el crecimiento económico del país, según las minutas del 31 de octubre que fueron difundidas el viernes.
Miles de manifestantes han salido a las calles y han causado disturbios en varias ciudades para protestar por la supuesta masacre de 43 estudiantes de magisterio del estado de Guerrero, quienes presuntamente habrían sido secuestrados por la policía y entregados a bandas del narcotráfico.
Peña Nieto también está bajo la lupa luego de que se conocieran informes según los cuales el título de propiedad de una mansión de la familia presidencial pertenece a una empresa cuyo dueño ha conseguido grandes contratos con el gobierno. La oficina del presidente ha negado que se hayan cometido irregularidades y señaló que la casa fue comprada por la primera dama, quien ha sido una exitosa actriz.
Pero las dos situaciones aparentemente dispares —la supuesta masacre de los estudiantes y la mansión— han sorprendido al presidente con la guardia baja, han dañado su imagen reformista y han planteado nuevas preguntas sobre con cuánta profundidad podrá transformar a la segunda economía latinoamericana y el tercer socio comercial de Estados Unidos.
“Esta es una crisis política y personal para el presidente”, afirmó el ex canciller Jorge Castañeda, autor de un libro sobre la presidencia mexicana.
El cambio de fortuna ha sido sorprendentemente rápido para Peña Nieto, cuyos 22 primeros meses en el poder estuvieron signados por una serie de éxitos, incluida la aprobación de varias reformas económicas que lo llevaron a la tapa de la revista estadounidense Time como el hombre que estaba “salvando a México”.
Las polémicas complican la agenda del presidente, y podrían retrasar la implementación de cambios clave como la apertura de la industria petrolera a la inversión privada y la reforma de la educación pública, que ya eran sumamente impopulares en estados empobrecidos como Guerrero, donde desaparecieron los estudiantes.
Los temores sobre la corrupción y el favoritismo en los contratos públicos también podrían retrasar los ambiciosos planes del país para atraer decenas de miles de millones de dólares para proyectos de petróleo e infraestructura, incluidas varias líneas ferroviarias de alta velocidad y un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México.
“La implementación (de sus planes) será desviada ahora, ya que tendrán que dedicarle mucho tiempo a lidiar con estas acusaciones”, sostuvo Jack Deino, un gestor senior de portafolio de Invesco Fixed Income, una firma con sede en Atlanta que administra unos US$2.000 millones en activos de mercados emergentes.
La economía de México aún es uno de los pocos puntos brillantes en los mercados emergentes, en momentos en que países como Brasil y Rusia, que dependen más de los precios de los commodities, tienen problemas por la caída de las materias primas. Cristine Lagarde, directora del FMI, señaló hace poco a México y a Peña Nieto como un ejemplo para otros países emergentes sobre los tipos de reformas necesarias para impulsar el crecimiento en el contexto de una economía mundial débil.
Peña Nieto ha sido criticado por la forma en que su gobierno manejó la crisis. Tardó 11 días en hacer declaraciones públicas luego de la desaparición inicial de los estudiantes. Su fiscal fue objeto de burlas tras decirles a periodistas que estaba “cansado” de las preguntas sobre la muerte de los jóvenes. Y el presidente, que aún no visitó el estado de Guerrero tras la masacre, pasó la última semana en Asia.
El banco central de México estima que la inseguridad le cuesta al país dos puntos porcentuales de crecimiento económico anual, el doble de lo que se prevé subirá por abrir la industria petrolera a la inversión extranjera. Mientras las tasas de homicidios relacionados con el narcotráfico han bajado durante el mandato de Peña Nieto, las tasas de extorsión y secuestros están en alza.
