Opinión

El actual Gobierno, desde la toma de posesión, nombró funcionarios a cargo de ministerios y direcciones tomando en cuenta para su selección criterios estrictamente partidarios, relegando a un segundo plano su idoneidad y competencia para asumir responsabilidades, poseedores de capacidad ejecutiva para planificar y poner en práctica lo deseado por la titular del Ejecutivo con eficiencia, prontitud y habilidad de resolver conflictos antes de que se desencadenen y se agraven.

En toda actividad humana, sea esta política, empresarial, castrense, intelectual, deportiva, llega un momento y coyuntura en que es necesario reemplazar a las personas -hombres y féminas- que han alcanzado la culminación de sus funciones físicas y mentales, de sus aportes y contribuciones, para ser sustituidas por quienes han emergido y solicitan espacios y oportunidades participativas. Es la inexorable ley de la vida: el cambio, que debe ser pacífico, no violento.

Con ese lema se ha lanzado una meritoria y oportuna iniciativa, auspiciada por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en el ejercicio de sus atribuciones, la ONU-Mujeres y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), con el propósito de que se respete el derecho de nuestras compatriotas de participación efectiva en los procesos electorales, internos y general, a realizarse el año próximo, previniendo, sancionando y erradicando la violencia.