Cualquier persona que al final de las investigaciones resulte implicada en el escándalo de los 1,125,000 lempiras deberá enfrentarse a la autoridad judicial, afirmó Ramón Custodio, comisionado nacional de los Derechos Humanos.

Custodio sostuvo que no se deben estar brindando detalles sobre las investigaciones para garantizar el esclarecimiento del escándalo que dejó fuera de la Secretaría de Finanzas a Héctor Tito Guillén, exministro y diputado del Congreso Nacional.

Detención

Miembros de la Policía detuvieron el pasado martes 31 de julio a la esposa, al hijo y al chofer del exministro de Finanzas cuando se transportaban en un vehículo Ford F-150, placas PDB 2714, con más de un millón de lempiras en efectivo.

“Mi punto de vista es que si se está en proceso de investigación, usted no puede estar dando detalles de lo que está encontrando. Creo que eso no es ningún ocultamiento de la intención de investigar y de llegar a la verdad”, expresó el comisionado de Derechos Humanos.

Agregó: “Cuando se tenga conocimiento de la verdad completa tendrá que ser sometido a la autoridad competente y a la autoridad judicial”.

Funcionarios

El comisionado de Derechos Humanos consideró que en la medida en que funcionarios de Gobierno se impliquen en escándalos de este tipo se irán implementando medidas para combatir la corrupción en el país.

“Creo que según se van dando las circunstancias se van abriendo las investigaciones”, indicó.

Custodio se refirió a las investigaciones sobre el caso del exministro de Finanzas luego de haber declarado junto al Ministerio Público como testigo protegido, el pasado jueves, al periodista Ariel Arnaldo D’Vicente Jarquin, quien reveló el supuesto origen del 1,125,000 lempiras decomisados a la esposa de Guillén.

Denuncia

Su denuncia consistió en revelar la firma de un contrato de arrendamiento de 644 hectáreas de camarón propiedad del Gobierno de Honduras.

Explicó que, supuestamente, Héctor Guillén actuando como ministro de Finanzas firmó un contrato de arrendamiento por 500 mil lempiras con accionistas del grupo camaronero Hondufarms-Ibermar, cuando el Gobierno percibía 40 millones de lempiras al año por el manejo de esas granjas camaroneras.

Con la jugosa transacción, el Estado pierde como mínimo 39.5 millones de lempiras. Explicó que tres días antes del decomiso de los 1,125,000 lempiras se le informó que se había hecho una “cabuda” de 3.2 millones de lempiras para un alto funcionario del Gobierno.

El periodista le pidió al Ministerio Público que investigue su denuncia sobre dónde está el resto de los 3.2 millones de lempiras y quién es el alto funcionario que lo recibió.

Asimismo, a quién se beneficia con los 39.5 millones de lempiras que dejó de percibir el Estado al arrendar las seis camaroneras de la zona sur.