El pleno del Congreso Nacional aprobó ayer una reforma de la Ley de Tenencia y Portación de Armas, que permite el desarme general en el norteño departamento de Colón, donde desde hace algunos años se presentan conflictos sangrientos, presuntamente por fuerzas irregulares.

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La iniciativa fue enviada por el Poder Ejecutivo luego de tomarse la decisión en el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa y fue sometida a consideración de los diputados por el secretario del Legislativo, Rigoberto Chang Castillo.

La comisión dictaminadora tuvo menos de 24 horas para socializar la reforma y en la sesión de ayer el pleno, por mayoría, aprobó el desarme para todo el departamento, aunque algunos sostienen que esa medida hubiera sido nacional, pues en los últimos seis años hubo casi 32 mil asesinatos, de los que 25,600 fueron cometidos con armas de fuego.

Esas cifras mantienen a Honduras, según parámetros internacionales, como el país más violento del mundo, con una media de 86 asesinatos por cada 100 mil personas. El promedio mundial no supera ni el 8%.

 El caso de Colón es particular porque ahí han surgido en los últimos años fuerzas irregulares, denominadas campesinos organizados, que se han dado a la tarea de invadir fincas con grupos fuertemente armados.

 El conflicto armado en esa zona ha dejado casi cincuenta muertos, entre campesinos, guardias, particulares y policías.

Los invasores sustentan falta de tierras para trabajar; el presidente Porfirio Lobo señaló que no es normal que campesinos andan con fusiles de asalto. Por ello, algunas sugerencias iban encaminadas a decretar un estado de sitio en la zona, pero se descartó porque afectaba a toda la comunidad y se optó por el desarme.

Esta reforma va encaminada a despojar de sus armas, legales o ilegales, a los poseedores y suspender temporalmente los permisos de portar armas. Además faculta a los ministros del ramo a aplicar el desarme en zonas o regiones que consideren pertinentes y por el tiempo necesario.

Plan fracasará

El Muca (Movimiento Unificado Campesino del Aguán), el Marca (Movimiento Auténtico Renovador Campesino del Aguán) y otros grupos de la zona dieron ayer la bienvenida al plan de seguridad anunciado por el Gobierno siempre que incluya a unos 500 guardias al servicio de los inversionistas.

Johnny Rivas, secretario del Muca, dijo que si esta medida no incluye a los guardias al servicio de los terratenientes, será un total fracaso.

Ramón Custodio, comisionado nacional de los Derechos Humanos, abogó por un desarme general en el Bajo Aguán.

El funcionario consideró: “Únicamente que queden con arma las personas que tienen autoridad”.

Custodio declaró que desde el principio percibió que la situación de la tenencia de la tierra en el Bajo Aguán era una crisis que demandaba la atención inmediata de las autoridades.

Lobo considera “mal parto” problema en el Bajo Aguán

 El presidente Porfirio Lobo Sosa dijo ayer durante un acto en el que les entregó máquinas desgranadoras de maíz a campesinos de varios departamentos del país que el problema en el Bajo Aguán es “un mal parto” que heredó y que nació por permitirles a los campesinos vender las tierras otorgadas a causa de la reforma agraria.

El gobernante aseguró que el conflicto se solucionará y advirtió que aunque les tiene mucho cariño a los campesinos del Muca hay que tener mucho cuidado porque en esa zona “unos andan en la bulla y otros a la cabuya”, pues ahí hay robo de frutas, crimen organizado y cosas ideológicas que no van con los días de hoy.

Sostuvo que muchos se desviven diciendo que luchan por la gente y lo que hacen es aprovecharse de la gente, haciendo muy mal uso, si no abuso, del refrán “ayúdame que te ayudaré”.

El gobernante expresó ayer: “Ese macaneo que tienen ahí ahorita en el Aguán no me gusta”.

Reforma

ARTÍCULO 37 . En caso de perturbación de la paz o el orden público las autoridades a quienes corresponde la aplicación de esta ley tomarán dentro de los ámbitos de su competencia las medidas necesarias para asegurar el estricto cumplimiento de la misma, lo que incluye la prohibición de portar armas de fuego en todo el territorio nacional, en regiones o subregiones específicas del mismo.

El ámbito territorial y la duración de las medidas serán determinadas por el Poder Ejecutivo en Consejo de Secretarios de Estado, en base a los informes presentados por la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, la Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional y la Secretaría de Estado en los Despachos del Interior y Población.

En caso de decretarse por parte del Consejo de Secretarios de Estado la prohibición de portar armas de fuego y cuando se contravenga dicha disposición, la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas de Honduras en cumplimiento de tareas de apoyo a la Policía, procederán al decomiso del arma de fuego y del permiso de la misma, procediendo la devolución de ambos hasta el vencimiento de la medida y cuando no exista causa legal que lo impida. Previo a la devolución del arma y del permiso debe pagarse una sanción económica no menor a dos (2) salarios mínimos ni superior a diez (10).

Cuando el arma de fuego no esté registrada legalmente o sea una arma no comercial, se procederá con las acciones legales pertinentes ante el Ministerio Publico.

ARTÍCULO TRANSITORIO . Se prohíbe en el departamento de Colón la portación en lugares públicos o el transporte en vehículos de cualquier arma de fuego, aunque este registrada o exista permiso para su portación, esta disposición tendrá una vigencia hasta que el Poder Ejecutivo en Consejo de Secretarios de Estado decrete su vencimiento. El incumplimiento de la misma dará lugar a las sanciones establecidas en el articulo 37 de la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Similares.

ARTÍCULO 2 . Este decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en el diario oficial La Gaceta.

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