Los resultados de la auditoría hecha por la Secretaría de Educación en los diferentes municipios del país han dejado al desnudo los altos niveles de corrupción en el gremio magisterial de Honduras.

Desde que comenzaron a salir a la luz pública los primeros resultados de este documento, varios sectores de la sociedad expresaron su indignación al conocer que había maestros fallecidos y otros jubilados que inexplicablemente tienen varias plazas asignadas y algunos docentes que en realidad no existen o que están en centros educativos que ni siquiera son reales; algunos tienen cuatro, cinco, seis y hasta más de 10 plazas y no trabajan en ninguna de ellas.

Entre el Ministerio de Educación y el gremio magisterial, la tensión está al límite luego de la destitución de varios directores departamentales y las revelaciones del último informe en el que se enumeran irregularidades, por las que el Estado paga más de L700 millones al año.

La situación casi llegó al extremo la semana pasada, cuando el titular de Educación, Marlon Escoto , viajó a la Normal de Occidente en La Esperanza, Intibucá, donde un grupo de gente enardecida le hizo una encerrona al funcionario, quien tenía una reunión con padres de familia del sector para hablar sobre casos de corrupción en institutos.

Anomalías

Aunque la Policía se presentó al sitio, el ministro quedó “aprisionado” desde las 9:00 am hasta las 4:00 pm. Escoto habló sobre los motivos de su visita a ese lugar.

“El departamento de Intibucá fue el sitio donde la Secretaría de Educación hizo la primera audiencia pública educativa y donde apareció el primer cotejo de las ventas de plazas; es decir, para nosotros, Intibucá es un bastión contra la corrupción del sistema educativo. Luego enviamos a nuestros abogados a hacer todo un informe, que fue terminado. Cuando lo recibí me quedé sorprendido al ver cómo en la Dirección Departamental de Intibucá se habían distribuido más de 520 horas a personas que no son docentes. Eso equivale a más de cuatro millones de lempiras al año y al crecimiento vegetativo de un departamento como Intibucá, así que decidimos ir para conocer más detalles”.

El ministro reveló más información sobre los actos de corrupción en la zona, la cual usó de ejemplo para demostrar la preocupante realidad del sistema educativo del país.

“El trabajo en Intibucá va a seguir y la asesoría legal de la Secretaría tiene un acta firmada por las personas que recibieron este dinero de manera incorrecta, en la que aceptan que lo recibieron, aunque alegan que no sabían que se les pagaba por una estructura como docente, pero ellos tienen un comprobante de pago donde se dice que se les pagaba por dar una asignatura en un instituto que no existe. Esta es la primera vez que tenemos la evidencia y la confesión de que realmente se recibió este dinero”.

Sin prioridades

“En el país estamos hablando de que son unos 1,000 profesores que han dejado de dar clases para tomar cargos administrativos”, dijo Escoto.

El titular de Educación explicó que el crecimiento vegetativo es un gasto creciente en el sistema de educación.

“Hemos encontrado que hay una práctica de adulterar el crecimiento vegetativo, lo cual al Estado le significan millones de lempiras. Tomamos el pago que se hizo del crecimiento vegetativo del año anterior e hicimos un muestreo en el que encontramos que 10 millones de lempiras fueron mal pagados, pero esto solo era una muestra, no era el total del crecimiento vegetativo del año anterior”.

Informe y cobros ilegales

“La intención del proceso investigativo en las Departamentales es conocer cómo funciona y cuál es el drenaje financiero de la Secretaría porque nuestro trabajo es asegurarnos de dónde está el recurso humano y financiero del Ministerio y confirmar que se está utilizando de manera transparente y eficiente”, indicó el ministro.

 “El informe lo terminó la asesoría legal de la Secretaría y se enviará a la Fiscalía y al Tribunal de Cuentas”.

Escoto añadió que han detectado que en el país es muy frecuente encontrar cobros ilegales.

“Una práctica común que hemos detectado es que cobren a las personas que asisten a los concursos de plazas; es una práctica generalizada ilegal porque las juntas departamentales se instalan ad honórem, no tienen ninguna potestad para cobrar dinero. En Intibucá encontramos que se le cobraban 100 lempiras al que participa para una plaza de básica y 200 lempiras a quien participaba para una plaza de educación media. Entre el año anterior y este se habían cobrado más de 300 mil lempiras”.

René Dubón, presidente del Coprumh (Colegio Profesional Unión Magisterial de Honduras), indicó que ya presentían estas irregularidades.

“Como organización magisterial estamos totalmente de acuerdo con la labor que el ministro está haciendo. Sabemos que tiene un propósito y es adecentar la educación en este país, ya que el  presupuesto es utilizado para cualquier cosa. Por lo tanto le hemos exigido que hagan públicos los resultados”, concluyó.

Más noticias relacionadas