Los emigrantes de Honduras y cientos de extranjeros que cruzan este país con destino a Estados Unidos están plenamente seguros de que las leyes aprobadas por Texas y Florida no serán un obstáculo para cruzar la frontera sur.
Ni el muro de Tijuana ni el de Donald Trump en Texas, tampoco los sanguinarios carteles de la droga de México (que secuestran y matan) han parado ni frenarán a los indocumentados, dicen los emigrantes.
“Cuando uno escucha que van a seguir construyendo el muro y que hay más leyes, de las que ya existen, da miedo; pero no evitarán que personas como yo, con necesidad, entremos a ese país, donde vamos a trabajar. Nosotros no somos delincuentes”, dijo Manuel Aguilar (de 28 años), quien a cuatro días de Nochebuena se encontraba en la Gran Central Metropolitana de San Pedro Sula para abordar un autobús con destino a la frontera con Guatemala.
Otros hondureños consultados por Diario LA PRENSA que van rumbo a Estados Unidos dijeron que “ni idea” tienen sobre la entrada en vigencia de nuevas leyes. “A mí ya me deportaron la primera vez. No van a pasar con tenerme detenido unos días con una deportación. Sí me daría miedo si dijeran que van a poner pena de muerte. Uno se va de su país porque tiene necesidad”, dijo un hondureño que se identificó solamente con el nombre de José.
Venezolanos que en estos días se encuentran en San Pedro Sula le dijeron a Diario LA PRENSA que “las nuevas leyes son nuevas barreras”, como ya han existido otras que “hasta ahora han detenido a muchos”.
“Nosotros los venezolanos hemos sufrido para llegar hasta aquí, pasamos el Darién, hemos corrido riesgos, días sin comer, y no vamos a regresar cuando queda poco. En las noticias están hablando de las nuevas leyes y sí sabemos que son más duras”, dijo Gabriel Mario Rojas, de nacionalidad venezolana.
Miedo
La visión de emigrantes hondureños que tienen varios años de residir ilegalmente en Estados Unidos contrasta con el punto de vista de quienes apenas comienzan la travesía.
“Estamos sumamente preocupados y más con la experiencia que está pasando en la Florida, esto va a traer una movilización interna hacia otros estados. Nos preocupa que no tengamos una atención consular con abogados que nos asesoren, esperamos que el Gobierno entienda que necesita una ayuda”, dijo Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre.
Según Flores, en Texas están radicados unos 500,000 hondureños: 150,000 con papeles y unos 350,000 sin documentos.
“Algunos por miedo tendrán que hacer un desplazamiento interno, pero nosotros seguimos abogando por que haya una orden ejecutiva del Gobierno. El migrante camina con miedo y ya con una ley caminan con pánico, son personas que vienen a buscar el sueño americano”, dijo Flores.
Leyes
Con la puesta en vigencia de dos leyes, el gobernador de Texas, Greg Abbott, se ha propuesto tres objetivos: detener la ola de entradas ilegales, proporcionar más dinero para la construcción del muro fronterizo y fortalecer las penas por tráfico de personas.
“Biden se niega repetidamente a hacer cumplir las leyes federales de inmigración y asegurar la frontera. Texas no se quedará de brazos cruzados.
En su ausencia, Texas defenderá nuestra autoridad soberana y protegerá nuestro estado mediante leyes históricas como la que firmé esta semana”, publicó Abbott en la red social X este 20 de diciembre.
Según la oficina del gobernador de Texas, la Ley 4 del Senado (SB4) establece una sentencia mínima obligatoria de diez años de prisión por tráfico de personas y tráfico continuo de personas. Aprobada con apoyo bipartidista, la ley también endurece las penas a los traficantes que utilizan casas de seguridad (donde tienen encerrados a los emigrantes) y fija una sentencia mínima obligatoria de prisión de cinco años.
La SB4 tipifica como delito la entrada ilegal a este estado desde una nación extranjera e impone medidas enérgicas a quienes intenten una segunda o varias veces. A los infractores los castigará hasta con 20 años de prisión.
La ley proporciona inmunidad civil e indemnización a funcionarios, empleados y contratistas de los gobiernos locales y estatales por demandas que resulten de la aplicación de estas disposiciones.
La Ley 3 del Senado (SB3) asigna $1,540 millones en ingresos generales a los Programas Fiduciarios dentro de la Oficina del Gobernador para operaciones de seguridad fronteriza y la construcción, operación y mantenimiento de infraestructura de barrera fronteriza.
Antes de estas leyes, en junio, Abbott promulgó seis de seguridad fronteriza para ampliar la estrategia de Texas con el fin de proteger a los texanos del nivel récord de inmigración ilegal, armas y drogas mortales que llegan desde México.
Debate
En Texas no todas las autoridades, incluidos policías, están de acuerdo con la aplicación de la SB4.
Abbott se sumó a la ofensiva iniciada por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien puso en vigor el primero de julio de este año la Ley SB 1718, que castiga con 30 años de prisión a personas que transportan indocumentados y sanciona a las empresas que los empleen.
Uno de los primeros acusados bajo esta ley es el hondureño Eldin Ariel Trejo (de 37), capturado el cinco de octubre cuando transportaba a cinco trabajadores extranjeros ilegales.
Esta nueva ley limita el accionar de los emigrantes instalados en Florida porque prohíbe el uso de licencias de conducir emitidas por otros estados y obliga a los hospitales a reportar el estatus migratorio de pacientes.
