Tras la revisión a uno de los contratos con la Secretaría de Salud, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) tiene la facultad de tomar medidas legales en caso de haber irregularidades en la contratación de Daniel Brizuela, cuñado de la ministra Carla Paredes.
En uno de los apartados del estamento de políticas del BID para financiar proyectos los faculta a terminar medidas legales en caso de engaños, ocultación de información y otras irregularidades.
El capítulo de contrataciones elegibles para financiamiento del Banco en el inciso 1.19 establece de manera expresa que “el Banco no financia gastos por concepto de servicios de consultoría si los consultores no han sido seleccionados o los servicios no han sido contratados de conformidad con los procedimientos establecidos” en el Contrato de Préstamo y con el Plan de Adquisiciones.
“En esos casos, el banco puede ejercitar otros recursos legales en virtud del contrato de préstamo y adoptar otras medidas adecuadas, como declarar una contratación no elegible para financiamiento del Banco”, se lee en el estamento de políticas del BID.
De no cumplir lo anterior podría haber graves consecuencias. “Aun cuando se haya adjudicado el contrato después de obtener la no objeción del banco, el banco puede declarar no elegible para su financiamiento la contratación”.
María José Jarquín, representante del BID en Honduras, dijo que “en el caso de Daniel Brizuela, Salud solicitó la no objeción del BID para el financiamiento de su contratación por parte de la Secretaría, con recursos de un préstamo del BID”. También argumentó que “no se informó al Banco del parentesco”.
El sueldo de Brizuela, como jefe de la Unidad Técnica de Gestión de Proyectos de la Salud, es pagado con los fondos del Banco y oscila entre $4,000 y 8,000 al mes.
